El Procurador General logra un decreto de consentimiento con Sunnyside por órdenes de desalojo ilegales

Los residentes de Sunnyside que resultaron perjudicados cuando los agentes del Sunnyside Police Department (Departamento de Policía de Sunnyside) les ordenaron que abandonaran sus viviendas o que fueran expulsados de ellas finalmente recibirán una compensación en virtud de un decreto de consentimiento obtenido el lunes entre la ciudad y la Attorney General’s Office (AGO, Oficina del Procurador General).

El decreto de consentimiento exige que la ciudad pague $1.1 millones de dólares, que se utilizarán para compensar a los residentes de Sunnyside afectados por la implementación del Crime Free Rental Housing Program (Programa de alquiler de viviendas libres de delitos) Bajo el amparo de dicho programa, los agentes policiales de Sunnyside les ordenaron a los residentes que abandonaran sus viviendas o fueran expulsados de ellas sin la debida notificación ni la oportunidad de defenderse ante un tribunal, en violación de sus derechos al debido proceso conforme a las constituciones estatales y federales.

Como resultado de este mal accionar policial, muchas de estas familias se quedaron en situación de calle, fueron separadas de sus hijos o enfrentaron largos períodos de inestabilidad habitacional que les causaron daños graves que desestabilizaron sus vidas. La mayoría de las familias afectadas eran familias de origen latino, hogares encabezados por mujeres o familias con niños.

Después de años de resistencia y litigios, la ciudad también acordó implementar capacitaciones y políticas para el Sunnyside Police Department a fin de garantizar que los futuros residentes no se vean perjudicados por estas prácticas policiales ilegales.

La demanda del estado, presentada en febrero de 2020 contra Sunnyside y varios agentes policiales individuales, estaba prevista para ir a juicio esta semana. Sin embargo, el decreto de consentimiento resuelve el caso antes del juicio, lo que brinda certeza y cierre a los residentes afectados y garantiza que la ciudad debe implementar cambios para prevenir este tipo de conductas ilegales por parte de agentes policiales en el futuro.

“Esta resolución nos permitirá brindar una compensación rápida y significativa a los residentes de Sunnyside a quienes se les ordenó abandonar o ser expulsados de sus hogares sin ninguna razón legal”, indicó el procurador general Nick Brown. “El gobierno les negó a estas personas el debido proceso y protección contra la discriminación. Estoy orgulloso del trabajo de mi equipo en representación de los residentes”.

Además de compensar a los residentes afectados, la City of Sunnyside (Ciudad de Sunnyside), incluido el Sunnyside Police Department, queda sujeta a otros requisitos en virtud del decreto de consentimiento.

• Se le prohíbe permanentemente a la ciudad, incluido el Sunnyside Police Department, desalojar ilegalmente a los residentes de sus hogares e implementar o utilizar en el futuro cualquier programa similar al Crime Free Rental Housing Program; implementar políticas, procedimientos o prácticas discriminatorias que violen la Fair Housing Act (Ley de Vivienda Justa) o la Washington Law Against Discrimination (Ley de Washington contra la Discriminación); o interferir o tomar represalias contra personas que ejercen sus derechos bajo la ley federal o estatal.
• La ciudad debe implementar una política, aprobada por la Attorney General’s Office, que prohíba a los agentes y empleados del Sunnyside Police Department sacar ilegalmente a los residentes de sus hogares o tomar represalias contra los residentes por hacer valer sus derechos a una vivienda libre de discriminación.
• Durante tres años, la ciudad deberá brindar capacitaciones anuales, impartidas por un proveedor externo aprobado por la Attorney General’s Office, a todos los funcionarios y empleados del Sunnyside Police Department para capacitarlos sobre sus responsabilidades legales y el derecho de los inquilinos al debido proceso conforme a las constituciones estatales y federales, incluido cómo reconocer y evitar cualquier participación en el desalojo ilegal de los residentes de sus hogares.
• Durante tres años, la ciudad también deberá proporcionar informes anuales de cumplimiento ante la Attorney General’s Office con respecto al cumplimiento de las obligaciones de capacitación y cualquier queja contra el Sunnyside Police Department o la ciudad relacionada con la expulsión ilegal de residentes de sus hogares.

El decreto de consentimiento, dictado en el Yakima County Superior Court (Tribunal Superior del Condado de Yakima), pone fin a más de cinco años de esfuerzos judiciales de la Attorney General’s Office para obtener justicia para los residentes de Sunnyside. Durante años, el estado instó a la ciudad a adaptar su programa a las leyes estatales y federales antes de finalmente presentar la demanda en febrero de 2020. En 2024, el Washington State Supreme Court (Tribunal Supremo del Estado de Washington) dictaminó que el procurador general podía presentar esta demanda y que cuenta con amplia autoridad para iniciar acciones legales para proteger los derechos civiles y constitucionales de los habitantes del estado de Washington.

En dicha decisión, el Supreme Court del estado confirmó que “el Estado tiene interés en proteger la salud, la seguridad y el bienestar de sus residentes, lo que incluye exigir responsabilidades a los actores gubernamentales frente a las denuncias de discriminación y violaciones de derechos constitucionales”.

La Wing Luke Civil Rights Division (División de Derechos Civiles Wing Luke) de la AGO investigó, inició y litigó este caso, incluidos los procuradores generales adjuntos Neal Luna, Alyson Dimmitt Gnam y Diane Lopez; las investigadoras Alma Poletti y Jennifer Treppa; la asistente legal Anna Alfonso; y el procurador general adjunto retirado Mitch Riese.